Aldeas Infantiles SOS reclama una atención especial para los niños y niñas que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado parental

• Ante la inminente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, la organización de atención a la infancia recuerda que los niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres o están en riesgo de perderlo se enfrentan a una probabilidad mayor de sufrir violencia.
• Cada día, al menos 40 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar y cada año se interponen alrededor de 38.000 denuncias por delitos violentos contra la infancia en nuestro país. La violencia en sus diferentes manifestaciones representa una de las principales causas para perder el cuidado parental.

Madrid, 8 de junio de 2020. Aldeas Infantiles SOS da la bienvenida a la inminente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia anunciada por el Gobierno, aunque reclama una atención especial para los niños y niñas que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado parental.

Tal y como reconoce la Resolución de Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, de noviembre de 2019, estos menores son especialmente vulnerables y están expuestos a un mayor riesgo de sufrir violencia en cualquiera de sus formas: maltrato físico, psicológico, abuso sexual o negligencia, entendida como la privación de sus necesidades básicas. Por eso, Aldeas Infantiles SOS solicita medidas especiales para ellos, así como incrementar la inversión en programas de prevención y fortalecimiento familiar que eviten el deterioro de situaciones de riesgo.

Cada día, al menos 40 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar y cada año se interponen alrededor de 38.000 denuncias por delitos violentos contra la infancia en nuestro país, donde, además, una de cada dos denuncias contra la libertad sexual tiene a un menor como víctima. Estos datos de los Ministerios del Interior y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hablan por sí solos de la necesidad de actuar para erradicar todos los tipos de violencia contra la infancia. Por ello,  Aldeas Infantiles SOS celebra la aprobación, mañana 9 de junio en Consejo de Ministros, de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que posicionará a España entre los países más avanzados de Europa en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.

La organización, que ha apoyado y contribuido a la elaboración de esta Ley, resalta el enfoque integral de la misma, ya que abarca todos los ámbitos de la vida del niño -familiar, educativo, sanitario, judicial, deportivo, tecnológico o audiovisual – e incluye la obligatoriedad de todo ciudadano de comunicar la existencia de indicios de desprotección o violencia.

El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, apela a la responsabilidad colectiva: “Una vez tengamos el marco legal adecuado, acabar con la violencia en la infancia será un trabajo de toda la sociedad. Es importante sensibilizar y crear conciencia de que la protección de la infancia es tarea de todos. La ley es indispensable porque crea las condiciones para que podamos avanzar hacia este fin común“.

La organización demanda, asimismo, el consenso de todos los grupos políticos para afrontar el trámite parlamentario en el que se negociarán sus enmiendas, así como celeridad en los procesos, recursos y financiación por parte de las administraciones públicas para que su aplicación se materialice lo antes posible.

La COVID-19 y el riesgo de sufrir violencia

Aldeas Infantiles SOS, que ya alertaba en el mes de abril del incremento del riesgo de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de sufrir violencia en sus hogares durante el confinamiento, afirma que la pandemia de la COVID-19 ha hecho todavía más difícil su situación. Las familias han visto empeorar sus condiciones de vida, tienen dificultades para ofrecer a sus hijos una alimentación equilibrada y no pueden ofrecerles la atención educativa que necesitan. Factores que, unidos a la dificultad de detectar posibles negligencias o casos de maltrato por las vías hasta ahora habituales (Servicios Sociales, consulta del pediatra o colegio), no han hecho sino aumentar el estrés y la carga emocional de estas familias.

La organización recuerda que es fundamental la colaboración ciudadana para detectar y reportar situaciones de violencia contra menores.“Además de una responsabilidad política y social, proteger a la infancia es una obligación moral“, asegura Pedro Puig. Y, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia será, también, una exigencia legal.