Reclamamos más protección para los niños y niñas que sufren violencia de género en el entorno familiar

Sensibilización

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Aldeas Infantiles SOS recuerda que los malos tratos sobre la mujer afectan también a los niños y niñas que se encuentran dentro de su entorno familiar, que se convierten en víctimas directas o indirectas de esta violencia, y reclama que se adopten medidas que garanticen la detección del riesgo y aumenten el nivel de protección de los menores.

Desde que en 2013 se comenzase a incluir a los menores en las estadísticas de violencia de género, 34 niños y niñas han sido asesinados, 31 de ellos a manos de sus padres biológicos. Muchos más sufren la violencia en su ámbito familiar y permanecen invisibles en el cómputo de víctimas. Viven en un ambiente tóxico que afecta a su desarrollo emocional, a su salud física y mental, y a su maduración emocional y social.

El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, explica que vivir en un hogar en el que se da la violencia de género es para los niños una experiencia traumática que les genera inseguridad, miedo, ansiedad, preocupación y un sufrimiento terrible. “El daño es inmenso, en ocasiones irreparable, y casi siempre tiene consecuencias en otras esferas de su vida, como las relaciones sociales, el rendimiento académico y el nivel de atención, y produce problemas de autoestima y agresividad, entre otros”.

La organización de atención directa a la infancia asegura que es necesario actuar para detectar el riesgo y dar visibilidad a los menores que son víctimas de violencia de género. Con este fin, las administraciones públicas deben trabajar con un enfoque de género y también de infancia. Pero esto no es suficiente. “La sociedad en su conjunto ha de implicarse en la lucha para acabar con esta lacra, y aún hay que avanzar para aceptar tanto social como judicialmente que un maltratador no puede ser un buen padre”, afirma Pedro Puig.

Medidas insuficientes

Si bien se han dado pasos a nivel normativo para proteger a los menores que viven la violencia de género, en la práctica resultan insuficientes. La reforma de la Ley de Protección de la Infancia de 2015 reconoció a los menores como víctimas directas de la misma violencia que sufren sus madres y les otorgó medidas de protección. Esta norma, que modificó la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, plantea la posibilidad de suspender la patria potestad, la custodia y las visitas, y obliga a los jueces a pronunciarse a este respecto. Sin embargo, la suspensión del régimen de visitas a padres condenados por malos tratos se decreta como medida cautelar en un porcentaje mínimo de los casos (el 2,9% en 2018).

“El interés superior del niño y su derecho a ser escuchado deben prevalecer sobre todo lo demás”, enfatiza el presidente de Aldeas Infantiles SOS. La organización considera positivas las medidas adoptadas a través del Decreto-Ley 9/2018 para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que inciden en tratar de garantizar la protección de niños y niñas, pero afirman que se quedan cortas: “es preciso desarrollar protocolos de valoración del riesgo que determinen con rapidez, eficiencia y de forma individual el nivel del mismo y, en caso necesario, emitir una orden de alejamiento”. La Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, cuyo anteproyecto aún debe pasar el trámite parlamentario, ha de incluir medidas concretas en este sentido.

Poner fin a todas las formas de violencia contra los niños es la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.